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DIARIONOTICIA.COM.DO-SD, R.D.- La Asociación de Industrias de
la República Dominicana (AIRD) valoró positivamente el consenso que
se ha producido para la reforma de la Ley 28-01 y afirmó que siempre
ha apoyado un marco legal de incentivos que fomente la inversión,
impulse la creación de empleos y eleve el nivel de desarrollo humano
de las provincias fronterizas.
“La AIRD siempre ha estado dispuesta al consenso. Ha participado en
diálogos con ambas cámaras del Congreso Nacional, así como con otras
instituciones empresariales y con los ministerios de Economía,
Planificación y Desarrollo y de Hacienda, a fin lograr una
legislación equilibrada”, proclamó la organización empresarial.
Indicó que todas sus intervenciones en esa materia se enmarcan en su
rol de gremio representante de las industrias del país, con
prácticas transparentes y apegadas a la institucionalidad.
Resaltó el esfuerzo y la dedicación, para impulsar la ley, de la
Cámara de Diputados, principalmente, a los senadores, así como el
Presidente Luis Abinader, que se ocupó personalmente de motivar el
consenso.
La AIRD dijo que está consciente de que los indicadores económicos y
sociales de las 7 provincias fronterizas han mejorado muy poco en
estos 20 años, por lo cual es importante que la Ley sea mejorada con
el propósito de lograr un mejor resultado sin fomentar la
competencia desleal ni crear distorsiones al tratar fomentar el
crecimiento de la inversión privada en la zona.
Expuso que una legislación que fomente el desarrollo debe contar con
controles de resultados positivos y un régimen de consecuencias para
quienes incumplan los parámetros establecidos. “Los mecanismos de
administración han de ser transparentes y vincular los incentivos y
resultados a compromisos controlables. Una mala administración de
los incentivos previstos afectaría negativamente el clima de
seguridad jurídica tanto dentro como fuera de la zona fronteriza”,
expresó.
La AIRD señaló que el impacto de la aplicación de la Ley 28-01 ha
sido pobre, ha generado competencia desleal e inseguridad jurídica,
por lo que prorrogarla requiere que la misma sea mejorada con el
propósito de lograr un mejor resultado, eliminando las distorsiones
para el crecimiento sano de la inversión privada en la zona.
“Para la AIRD es fundamental que el instrumento jurídico que se
apruebe no perjudique a otras industrias localizadas en otros
lugares del país y es esencial no crear incentivos a las
importaciones para que en su lugar se fomenten los encadenamientos
productivos”, destaca una declaración de prensa de la institución.
Seguridad jurídica
Al resaltar que una Ley de Desarrollo Fronterizo debe dar seguridad
jurídica a los inversionistas que busquen establecerse en la zona,
afirmó que es muy importante que los incentivos sean específicos,
como lo son en todas las leyes que los contemplan.
“Los incentivos no deben constituir un logro particular de una
empresa por su capacidad de negociación o tamaño, sino un beneficio
otorgado a los proyectos que quieran instalarse en la zona
fronteriza y que cumplan los requisitos que la Ley establezca”,
subrayó la AIRD.
Desde su óptica, 30 años es un plazo prudente para crear una
dinámica diferente de desarrollo sostenible en la franja fronteriza,
pero indicó que esto no será suficiente por sí mismo, pues se hace
necesario acompañar la aplicación de la Ley con políticas públicas y
planes de infraestructura a favor de las 7 provincias de modo que el
entorno para nuevas inversiones y empleos mejore y se alcancen los
propósitos para los que se pretende un nuevo período de exenciones.
Incentivos suficientes
La AIRD consideró que los incentivos planteados en la modificación
de la Ley presentada por la Cámara de Diputados son más que
suficientes y específicos para hacer del proyecto una vez convertido
en ley un instrumento de desarrollo e incentivo de la inversión.
Por otro lado, consideró que la Ley debe fomentar el desarrollo
agropecuario, industrial y comercial focalizándolo en la zona,
aunque con libre comercio a todo el territorio y para las
exportaciones.
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